Contexto · INE y Eurostat
41 indicadores agrupados por tema. En las comparaciones europeas, España aparece en negro, la media de la UE en azul discontinuo y el resto en gris.
Las líneas verticales sitúan la entrada en vigor de una ley, reforma o acuerdo. La lectura describe lo observado después; la coincidencia temporal no demuestra que la medida lo causara. Las franjas grises marcan la crisis financiera de 2008–2013 y la pandemia de COVID-19 de 2020–2021, periodos que alteran muchas series por sí solos.
Lectura objetiva
Ha caído desde 2014 salvo en 2020 y aún supera la media de la UE. La reforma laboral entró en vigor en 2022, pero la bajada del paro también coincide con la recuperación pospandemia y cambios del ciclo; el gráfico no separa esos efectos.
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Fuente: Eurostat (une_rt_a)
Lectura objetiva
La tasa de paro ya permite comparar países; este gráfico añade el volumen absoluto, que depende también del tamaño de la población activa.
Valores trimestrales en miles; es el número estimado de personas sin empleo que buscan y están disponibles para trabajar, no el paro registrado en oficinas de empleo.
Fuentes: INE, EPA tabla 65218
Lectura objetiva
El descenso se acelera desde la entrada en vigor de la reforma en 2022. España sigue por encima de la media europea y parte del cambio se refleja en más empleo fijo discontinuo. La coincidencia temporal es clara, pero estos datos no aíslan la reforma del ciclo y la recuperación pospandemia.
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Fuente: Eurostat (tesem110)
Lectura objetiva
La EPA cuenta personas asalariadas, no contratos firmados durante el año. Los fijos discontinuos forman parte del empleo indefinido aunque alternen periodos de actividad e inactividad.
Incluye contratos indefinidos continuos y fijos discontinuos. En el segundo trimestre de 2026, 733.700 eran fijos discontinuos; no deben confundirse con puestos activos todo el año. La evolución posterior a la reforma laboral también refleja el ciclo y la recuperación tras la pandemia, así que no mide su efecto aislado.
Fuentes: INE, EPA tabla 65194
Lectura objetiva
El mínimo español subió a 900 € mensuales en 2019 y volvió a aumentar después. La gráfica compara importes nominales en euros; no ajusta por poder adquisitivo ni demuestra por sí sola efectos sobre empleo o precios.
Fuente: Eurostat (earn_mw_cur)
Lectura objetiva
La productividad por hora en 2025 es solo un 3 % mayor que en 2015, algo menos que la media europea. La reducción a 37,5 horas se votó, pero el Congreso devolvió el proyecto en septiembre de 2025; no hay una fecha de aplicación que marcar ni un efecto observado de esa propuesta.
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Fuente: Eurostat (nama_10_lp_ulc)
Lectura objetiva
La tasa permite comparar países de distinto tamaño. Cuenta movimientos de personas que dejan cada país para residir en otro Estado de la UE; no se limita a ciudadanos del país de origen ni cuenta a quienes ya viven fuera.
Pasa el cursor o pulsa un punto para consultar el dato de cada año.
Flujos anuales de personas que dejan el país informante para residir habitualmente en otro Estado de la UE, por 1.000 habitantes. La serie no se limita a ciudadanos del país de origen. La última observación comparable disponible es 2024.
Fuentes: Eurostat, emigración según país de destino (migr_emi5nxt) · Eurostat, población residente a 1 de enero (demo_pjan)
Lectura objetiva
El índice de alquileres en vigor sube de 100 en 2015 a 113,6 en 2025. La Ley de Vivienda entró en vigor en 2023 y la serie siguió aumentando; al incluir contratos existentes y el conjunto nacional, no permite evaluar el efecto en zonas tensionadas ni en nuevos contratos.
Relacionado: Ley de Vivienda · Alquiler de temporada
Fuente: Eurostat (prc_hicp_aind)
Lectura objetiva
Desde 2023 España sube más rápido que la media europea; Portugal es el caso más extremo. La marca señala la entrada en vigor de la Ley de Vivienda: la subida posterior es una coincidencia temporal y el índice no permite aislar su efecto de la oferta, los tipos de interés o la demanda.
Relacionado: Ley de Vivienda · Pisos turísticos
Fuente: Eurostat (prc_hpi_a)
Lectura objetiva
La serie marca la entrada en vigor del Registro Único en julio de 2025. En mayo de 2026 había 341.001 viviendas, un 10,7 % menos que un año antes. La comparación interanual tiene en cuenta mejor la estacionalidad; no permite atribuir toda la caída al registro y la propuesta parlamentaria sobre plataformas sigue siendo otra medida distinta.
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Serie experimental con observaciones en distintos meses y ajustes metodológicos; el eje respeta las fechas reales. En mayo de 2026 había 341.001 viviendas, un 10,7 % menos que un año antes. La caída se observa después de que el Registro Único empezara a surtir efectos en julio de 2025, pero no demuestra que el registro la causara; también cambian las licencias y la metodología.
Fuentes: INE, tabla 39364 · BOE: Registro Único de Arrendamientos, efectos desde el 1 de julio de 2025
Lectura objetiva
En 2025 España registró unas 386 noches en alojamientos de corta estancia ofrecidos en plataformas por cada 100 habitantes, casi el doble que la media de la UE-27 (211). Grecia (503) y Portugal (461) están por encima; Francia (309) e Italia (235) por debajo; Alemania (82) y Países Bajos (66) muy por debajo. Mide noches reservadas, no viviendas ni su efecto sobre el alquiler, y los datos son estadísticas experimentales aportadas por las plataformas.
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Fuente: Eurostat (tour_ce_omn12)
Lectura objetiva
Los hechos conocidos alcanzaron un máximo en 2021, bajaron en 2022–2023, subieron en 2024 y volvieron a bajar en 2025. La marca señala el comienzo del procedimiento rápido para estos delitos; no significa que entrara en vigor el desalojo en 24 horas de la propuesta del PP, que no fue aprobada. El dato de 2025 no permite atribuir la bajada a la reforma.
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Serie anual 2010–2025. Agrupa allanamiento y usurpación; cuenta hechos conocidos por la policía, no viviendas únicas, condenas ni desalojos. La reforma procesal de abril de 2025 incorporó estos delitos al procedimiento rápido, pero no establece el desalojo automático en 24 horas propuesto en el Congreso. El dato anual no permite medir su efecto.
Fuentes: Ministerio del Interior, tabla 11001 · BOE: Ley Orgánica 1/2025, juicios rápidos para allanamiento y usurpación
Lectura objetiva
En 2024 se conocieron unos 34 hechos de allanamiento y usurpación de inmuebles por cada 100.000 habitantes. Es menos que los robos con fuerza en viviendas (167), los robos con violencia (130) o los hurtos (451), y mucho menos que los fraudes (1.064), aunque más que los homicidios dolosos (0,7). Esta categoría incluye distintos supuestos y no distingue si afectan a la vivienda habitual, a segundas viviendas o a inmuebles vacíos; es un recuento de hechos conocidos, no una medida de gravedad individual.
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Eurostat recoge los delitos registrados por la policía con una clasificación internacional (ICCS); el allanamiento y la usurpación proceden del Ministerio del Interior y se dividen entre la población de Eurostat. Las categorías no son idénticas ni equivalentes en gravedad: un homicidio y un hurto no pesan igual aunque cada uno se cuente como un hecho. Los fraudes incluyen en gran parte delitos informáticos.
Fuentes: Eurostat, delitos registrados por categoría (crim_off_cat) · Ministerio del Interior, tabla 11001
Lectura objetiva
El robo con fuerza en viviendas es el delito registrado más parecido al allanamiento que Eurostat compara entre países. España pasó de 273 por 100.000 habitantes en 2013 a 167 en 2024; Italia (264) y Francia (295) están por encima y Alemania (94) y Portugal (74) por debajo. Cada país registra los delitos con criterios distintos, por lo que conviene leer más la evolución de cada serie que el nivel exacto. No existe una serie comparable de usurpación de inmuebles entre países.
Relacionado: Propuesta sobre ocupación
Fuente: Eurostat (crim_off_cat)
Lectura objetiva
España registró 130 robos con violencia o intimidación por 100.000 habitantes en 2024, por debajo de los 206 de 2012. Está por encima de Alemania (52) e Italia (50) y de Portugal (88) y Francia (83). Sirve para situar un delito contra el patrimonio con violencia frente a los que no la tienen.
Fuente: Eurostat (crim_off_cat)
Lectura objetiva
El hurto es el delito patrimonial más frecuente. España registra 451 por 100.000 habitantes, frente a 1.377 en Alemania, 1.911 en Francia, 1.552 en Italia y 722 en Portugal. Las diferencias reflejan en parte cómo se denuncia y se registra cada delito, no solo cuántos ocurren.
Fuente: Eurostat (crim_off_cat)
Lectura objetiva
La tasa de homicidios dolosos registrados en España es de 0,7 por 100.000 habitantes, similar a Portugal e Italia (0,6–0,7) y por debajo de Francia (1,3). Es el delito contra la vida más comparable entre países y ayuda a situar la gravedad relativa de otros delitos.
Fuente: Eurostat (crim_off_cat)
Lectura objetiva
El gasto en pensiones alcanzó el 12,5 % del PIB en 2024, frente al 11,8 % en 2019. La marca sitúa la reforma de 2023; el aumento también refleja envejecimiento, revalorizaciones e ingresos del PIB, así que no es una medida aislada del coste de la reforma.
Relacionado: Reforma de pensiones
Fuente: Eurostat (spr_exp_pens)
Lectura objetiva
El riesgo de pobreza o exclusión bajó del 27,8 % en 2021 al 25,7 % en 2025, aunque sigue afectando a una de cada cuatro personas. La marca del IMV en 2020 sitúa su implantación; los datos agregados no prueban cuánto de la variación causó esa prestación.
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Fuente: Eurostat (ilc_peps01n)
Lectura objetiva
El déficit pasa del 9,9 % del PIB en 2020 al 2,4 % en 2025. La marca señala la activación de la cláusula de escape fiscal europea en 2020; la serie también responde a la pandemia, recuperación, ingresos, gastos e intereses, no solo a decisiones de gasto.
Relacionado: Objetivos de déficit
Fuente: Eurostat (gov_10dd_edpt1)
Lectura objetiva
Los impuestos sobre la renta de los hogares representan el 9,1 % del PIB en 2024. El indicador no es el tipo del IRPF de una familia y mezcla recaudación, salarios, empleo y tamaño del PIB. Los gravámenes temporales de 2022 recaían sobre empresas y no son una medida directamente comparable con esta serie.
Relacionado: Deflactación del IRPF
Fuente: Eurostat (gov_10a_taxag)
Lectura objetiva
En España el gasto sanitario público equivale a esta proporción del PIB. No mide listas de espera, calidad ni resultados clínicos; por eso no permite comprobar el efecto de una medida sobre las listas de espera ni de una reforma clínica concreta.
Contexto para la pregunta sobre listas de espera sanitarias
Fuente: Eurostat (gov_10a_exp)
Lectura objetiva
El indicador recoge gasto público en educación como porcentaje del PIB. No mide aprendizaje, abandono ni gasto de los hogares, así que no permite atribuir cambios educativos a una medida específica sin datos de resultados y de aplicación.
Contexto para la pregunta sobre prioridades educativas
Fuente: Eurostat (gov_10a_exp)
Lectura objetiva
La línea muestra la variación anual del empleo de personas con nacionalidad española y extranjera. En 2024, las tasas fueron aproximadamente 0,6 % y 6,9 %, respectivamente. No es una serie por lugar de nacimiento: por eso no se usa para reconstruir la proporción de nuevos empleos ocupada por personas nacidas fuera.
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Variación anual del número de personas ocupadas, calculada con medias anuales de la EPA. Nacionalidad extranjera y española; la categoría de doble nacionalidad queda fuera de ambas líneas. No es una serie por país de nacimiento ni mide salarios, horas o productividad.
Lectura objetiva
El Banco de España compara la contribución mecánica del aumento de población extranjera con el crecimiento total del PIB per cápita. El intervalo se refiere a un componente demográfico de esos años; no mide lo que cada grupo paga en impuestos ni todo su efecto económico.
El Banco de España estima que el aumento de población extranjera aportó mecánicamente entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento anual medio del PIB per cápita, que fue del 2,9 %. Es una estimación de un componente demográfico en 2022–2024, no una cuenta de impuestos, un saldo fiscal ni una atribución de toda la actividad económica a la inmigración.
Lectura objetiva
La afiliación indica una relación activa con la Seguridad Social y sirve para observar cotización laboral, pero no informa del importe pagado por cada grupo. No existe en esta serie un desglose oficial de euros de impuestos por nacionalidad. La marca señala la entrada en vigor de la regularización de 2026; el cambio posterior no prueba por sí mismo un efecto causal.
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Afiliaciones en alta al cierre del mes elegido, no personas únicas ni euros recaudados. Nacionalidad no equivale a lugar de nacimiento. Para facilitar la lectura se muestra el último dato mensual disponible de cada año. La coincidencia temporal con la regularización de 2026 no demuestra causalidad.
Fuentes: Seguridad Social, afiliados en alta laboral (serie PX-Web desde 2012)
Lectura objetiva
Los nacimientos totales bajaron de 494.997 en 2009 a 318.005 en 2024. Los de madres nacidas en España cayeron de 377.907 a 212.191, mientras que los de madres nacidas fuera pasaron de 117.090 a 105.814: sin ellos la caída habría sido más pronunciada. Las tres líneas están en la misma escala para que se compare el tamaño de cada una; no explican por sí solas las causas de la bajada.
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Cifras absolutas. Permiten ver que los nacimientos de madres nacidas en España bajan más que el total y que los de madres nacidas fuera sostienen parte del total, sin que esto explique las causas. País de nacimiento de la madre no equivale a nacionalidad del recién nacido.
Fuentes: INE, nacimientos por país de nacimiento de la madre (tabla 32006)
Lectura objetiva
En 2024 el indicador fue 1,07 para madres españolas y 1,27 para extranjeras, mientras el total quedó en 1,10. La mayor fecundidad relativa no revierte el descenso del total de nacimientos ni basta para explicar sus causas; la serie no permite atribuir la diferencia a una medida pública.
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La nacionalidad de la madre no es su país de nacimiento. La fecundidad de las mujeres con nacionalidad extranjera es mayor en la serie, pero también baja y no evita el descenso del número total de nacimientos.
Fuentes: INE, indicador coyuntural de fecundidad por nacionalidad (tabla 1407)
Lectura objetiva
La electricidad renovable aumenta del 46 % en 2021 al 60,7 % en 2025. La marca sitúa la Ley de Cambio Climático; la generación también depende de lluvias, viento, capacidad instalada y precios, por lo que la serie no separa el efecto legal.
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Fuente: Eurostat (nrg_ind_ren)
Lectura objetiva
Las marcas sitúan el CETA (2017) y el acuerdo UE–Japón (2019). Las exportaciones españolas siguieron creciendo en los años posteriores, pero la serie mide comercio con todo el mundo en euros corrientes: no aísla esos acuerdos ni separa precios de volúmenes.
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Comercio de bienes con el mundo en valores corrientes. No incluye servicios y las cantidades en euros reflejan tanto volúmenes como precios y tipos de cambio.
Lectura objetiva
Las exportaciones superan las importaciones en varios años de la serie. La categoría agrupa alimentos, animales vivos, bebidas y tabaco; no coincide exactamente con la definición de la Comisión Europea. Los protocolos con China de 2026 son demasiado recientes para que la serie anual muestre sus efectos.
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SITC 0–1: alimentos y animales vivos, bebidas y tabaco; sirve como aproximación al comercio agroalimentario, no coincide exactamente con la clasificación de la Comisión Europea.
Lectura objetiva
En 2025, el mayor sector es el comercio, el transporte y la hostelería (24,3 % del valor añadido, frente al 18,6 % de la UE-27), seguido de la administración, la educación y la sanidad (17,2 %) y la industria con energía (15,4 %, frente al 19,0 % de la UE). España depende más de los servicios turísticos y comerciales y menos de la industria que la media europea. El valor añadido mide la riqueza generada, no el número de empresas ni de personas.
Agrupación A10 de la NACE Rev. 2 con cuentas nacionales a precios corrientes.
Fuentes: Eurostat, valor añadido bruto por rama (nama_10_a10)
Lectura objetiva
En 2025, el comercio, el transporte y la hostelería concentran el 29,1 % del empleo (6,6 millones de personas), cinco puntos más que en la UE-27. La administración, la educación y la sanidad suman el 22,0 % y los servicios profesionales y administrativos el 13,4 %. La industria y la energía dan el 11,3 % del empleo, frente al 15,2 % europeo: la diferencia de peso industrial es mayor en empleo que en valor añadido.
Empleo en concepto interior de las cuentas nacionales; cuenta personas ocupadas, no jornadas completas equivalentes.
Lectura objetiva
Entre 2000 y 2025 la industria con energía pasó del 20,7 % al 15,4 % del valor añadido, y la construcción subió al 12,0 % en 2007 antes de caer al 5,9 % en 2013, donde sigue. Las actividades inmobiliarias casi se duplicaron (del 6,2 % al 11,2 %, con un máximo del 13,1 % en 2013 por el efecto denominador de la crisis) y los servicios profesionales y administrativos subieron del 6,4 % al 9,9 %. El comercio, el transporte y la hostelería se mantienen cerca del 24 %, salvo la caída al 20,4 % en 2020. Los cambios de peso reflejan tanto actividad real como precios relativos y los años de crisis.
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Cuotas sobre el valor añadido bruto a precios corrientes. Los cambios de peso mezclan variaciones reales de actividad con cambios de precios relativos; en 2020 cae el peso de la hostelería y el transporte por el confinamiento y sube el de la administración por el efecto denominador.
Fuentes: Eurostat, valor añadido bruto por rama (nama_10_a10)
Lectura objetiva
En 2025 había unos 3,2 millones de personas trabajando por cuenta propia, el 14,4 % del empleo (UE-27: 13,7 %). El mayor número está en comercio, transporte y hostelería (1,09 millones), servicios profesionales (515.000) y construcción (375.000). En proporción, destacan las actividades inmobiliarias (39,5 %), la agricultura (35,1 %) y la construcción (24,5 %). Tres de cada cuatro autónomos no tienen asalariados.
Personas ocupadas por cuenta propia según la Encuesta de Población Activa; no coincide exactamente con los afiliados al RETA de la Seguridad Social.
Lectura objetiva
En 2024 había unos 3,55 millones de empresas activas en la industria, la construcción y los servicios de mercado. El 54,9 % no tenía asalariados, el 34,7 % tenía entre 1 y 4 y solo el 5,0 % tenía 10 o más. La UE-27 tiene más empresas sin asalariados (65,0 %) y menos con 1 a 4 (24,7 %). La mayoría son microempresas, pero el empleo y la producción se concentran en las pocas que son grandes.
Cuenta unidades empresariales activas en la industria, la construcción y los servicios de mercado, excluidas la administración pública y las asociaciones.
Fuentes: Eurostat, demografía de empresas por tamaño (bd_size)
Lectura objetiva
La producción real agraria sube de 3.786 M€ en 2024 a 4.540 M€ en 2025, tras grandes oscilaciones en años anteriores. La marca sitúa la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021; este valor no mide precios percibidos ni márgenes, y no muestra qué parte del cambio causó la ley.
Fuente: Eurostat (aact_eaa03)
Lectura objetiva
El empleo agrario cae desde cerca de 800.000 personas en 2019 a 764.000 en 2025, con oscilaciones intermedias. La marca sitúa el comienzo del nuevo periodo de la PAC en 2023; la serie de personas ocupadas no permite estimar su efecto ni recoge jornadas o estacionalidad acumulada.
Fuente: Eurostat (lfsa_egan2)
Lectura objetiva
El empleo manufacturero llega a 2,70 millones de personas en 2025, frente a 2,43 millones en 2021. La marca señala el PERTE VEC; la evolución positiva coincide con otras medidas, demanda y ciclo, y no puede atribuirse a una ayuda concreta.
Fuente: Eurostat (lfsa_egan2)
Lectura objetiva
La producción industrial española marcó 102,7 en 2025 con base 2021 = 100: una mejora acumulada modesta tras las oscilaciones de 2020–2023. La marca sitúa el inicio del PERTE VEC; el índice agregado no mide qué proyectos recibieron ayudas ni identifica su efecto.
Fuente: Eurostat (sts_inpr_a)
48 leyes, acuerdos e inversiones desde 1984, ordenados por la legislatura en que se firmaron o aprobaron y el partido que gobernaba.
48 de 48
PSOE–Sumar · Pedro Sánchez
Memorando de cooperación en cadenas industriales y de suministro, transferencia tecnológica, formación e inversión de alto valor.
Es un marco de trabajo: no anuncia una fábrica concreta ni una inversión comprometida.
Acceso para pistacho e higo seco, ampliación de porcino cocido y aprovechamiento de subproductos cárnicos.
Las exportaciones siguen sujetas a inspección; el volumen de ventas futuro aún no está observado.
Proyecto del Gobierno con inicio de obras previsto para 2027.
Aún no hay producción ni resultados industriales que evaluar.
Subida del 4,4 % pactada con los sindicatos, sin la patronal. Desde 2018 el SMI ha subido más de un 60 %.
El efecto de las subidas del SMI sobre el empleo es objeto de debate; los estudios disponibles no coinciden.
Nueva línea M1. El grupo suma 2.045 empleos; la capacidad anual de 50.000 unidades es un objetivo.
Las cifras de empleo son plantilla total, no puestos atribuibles a la nueva línea.
Giga-factoría conjunta con obra iniciada; el inicio de producción está sujeto a las condiciones del proyecto.
La capacidad futura no equivale a producción ni empleo ya materializados.
Concesiones anunciadas en la cuarta convocatoria.
La ayuda concedida no demuestra cuánto se ha ejecutado ni su efecto neto en producción y empleo.
Acabado de obleas en Zaragoza y nuevas instalaciones en Trujillo.
Los 800 puestos son una previsión de la empresa para ambas ubicaciones, no empleos ya creados.
PSOE–Unidas Podemos · Pedro Sánchez
Revalorización con el IPC, subida progresiva de las bases máximas y una cuota de solidaridad para salarios altos; amplía el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Su suficiencia a largo plazo depende de proyecciones de empleo y demografía en las que la AIReF y el Gobierno discrepan.
Permite declarar zonas tensionadas con límites a las rentas, pasa los gastos de gestión al propietario y fija reservas de vivienda protegida.
Su aplicación depende de cada comunidad autónoma; solo algunas han declarado zonas tensionadas.
Programa para diseño y fabricación de chips y centros de investigación; de él dependen Diamond Foundry y el centro de Málaga.
La cifra es una dotación prevista; gran parte son préstamos que dependen de que haya empresas que los soliciten.
Mecanismo pactado con Portugal y la Comisión Europea para limitar el precio del gas usado para generar electricidad.
Abarató el mercado mayorista, pero los consumidores pagaron la compensación a las centrales y aumentaron las exportaciones a Francia.
Rebajas fiscales, mejor tributación de las stock options y un visado para nómadas digitales.
Refuerza la obligación de formalizar contratos y prohíbe comprar por debajo del coste efectivo de producción.
Las series de producción y empleo no bastan para estimar su efecto en los márgenes de las explotaciones.
Acordada con sindicatos y patronal. Limita los contratos temporales, generaliza el fijo discontinuo y recupera la prevalencia del convenio sectorial en salarios. Se convalidó en febrero de 2022 por un voto.
La caída de la temporalidad coincide con la recuperación tras la pandemia; los fijos discontinuos no son puestos activos todo el año.
Programa financiado por la UE que reparte inversiones y reformas en transición verde, digitalización y PERTE.
Asignado no es ejecutado: el dinero llega por hitos y parte de los préstamos no se ha solicitado.
Suspensiones temporales de empleo con prestación pública y exoneración de cotizaciones, prorrogadas por acuerdos con los agentes sociales.
Los trabajadores en ERTE no figuraban como parados; no todos volvieron a su puesto.
Prestación estatal no contributiva para hogares con ingresos bajos. El Congreso la convalidó sin votos en contra.
Una parte de los hogares que cumplen los requisitos no la solicita o la recibe con retraso.
PP · Mariano Rajoy → PSOE · Pedro Sánchez (desde junio de 2018)
Cifras agregadas de la UE, no exclusivas de España.
La mayor subida anual del SMI, pactada con Unidas Podemos en el proyecto de presupuestos.
El Banco de España y otros estudios estimaron pérdidas de empleo; otros análisis no las encuentran.
Cifras agregadas de la UE, no exclusivas de España.
PP · Mariano Rajoy
Pretendía que una licencia de una comunidad sirviera en toda España. El Constitucional anuló en 2017 ese principio de eficacia nacional.
IVA de caja para pymes, emprendedor de responsabilidad limitada y visados para inversores (la «golden visa», suprimida en 2025).
Desliga las pensiones del IPC con un índice de revalorización y crea un factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.
El índice dejó de aplicarse desde 2018 por acuerdos presupuestarios y el factor nunca llegó a aplicarse.
Busca acabar con el déficit de tarifa: recorta la retribución de las renovables primadas y regula el autoconsumo con cargos (el llamado «impuesto al sol», eliminado en 2018).
Los recortes retroactivos generaron arbitrajes internacionales contra España.
Abarata el despido, facilita el despido objetivo por causas económicas y da prioridad al convenio de empresa.
El empleo se recuperó a partir de 2014 con el fin de la recesión; la temporalidad apenas bajó.
Préstamo del fondo europeo de rescate al FROB, condicionado a sanear y reestructurar el sector financiero.
El préstamo se está devolviendo, pero buena parte de las ayudas públicas a la banca no se ha recuperado.
El Estado se endeudó para pagar facturas atrasadas de ayuntamientos y comunidades a sus proveedores.
Permitía regularizar rentas ocultas pagando un gravamen del 10 %. La sentencia no afectó a las regularizaciones ya hechas.
Sube el IVA general y el reducido (8 → 10 %) y suprime la paga extra de Navidad de 2012 a los empleados públicos.
PSOE · José Luis Rodríguez Zapatero
Pactada con sindicatos y patronal: retrasa la jubilación y amplía de 15 a 25 los años que cuentan para calcular la pensión.
Pactada por PSOE y PP: consagra la estabilidad presupuestaria y da prioridad absoluta al pago de la deuda.
Primer gran recorte tras la crisis de deuda: congela las pensiones de 2011 y suprime el «cheque bebé».
Fondo público para sanear y fusionar cajas de ahorros. Fue el instrumento del rescate europeo de 2012.
Estímulo ante la crisis financiera: los ayuntamientos licitaron obras pequeñas de ejecución rápida.
Los empleos creados eran temporales y ligados a la duración de las obras.
PSOE · José Luis Rodríguez Zapatero
Tarifas garantizadas para eólica, solar y cogeneración; impulsó una fuerte inversión, sobre todo fotovoltaica en 2008.
El coste de las primas contribuyó al déficit de tarifa y llevó a los recortes de 2010–2013.
Crea el sistema de atención a la dependencia, financiado por el Estado y las comunidades autónomas.
Las listas de espera para recibir la prestación siguen siendo largas en muchas comunidades.
PP · José María Aznar
Obliga a todas las administraciones a presupuestar en equilibrio o superávit («déficit cero»).
PP · José María Aznar
España cumplió los criterios de convergencia en 1998 y adoptó el euro con los primeros once países.
Considera urbanizable todo el suelo no protegido expresamente, con el objetivo de abaratar la vivienda.
Los precios siguieron subiendo hasta 2007; el boom inmobiliario tuvo muchas otras causas, como el crédito barato.
Fin del monopolio de Telefónica en telefonía fija y apertura plena del mercado a la competencia.
Nace del acuerdo entre sindicatos y patronal: crea un contrato de fomento del empleo indefinido con despido más barato.
Separa la financiación (cotizaciones para las pensiones contributivas), crea el fondo de reserva y amplía de 8 a 15 los años de cálculo.
Crea el mercado mayorista de electricidad y abre la comercialización a la competencia.
Los ingresos fueron en gran parte a cancelar deuda histórica del INI. Un estudio halla mejoras en ventas reales, inversión y empleo tras salir a bolsa, pero no en rentabilidad.
El peso manufacturero también cambia por integración europea, ciclo, precios y tecnología; la evidencia en otros casos es mixta.
PSOE · Felipe González
Inaugurada antes de la Expo de Sevilla; hoy España tiene la mayor red de alta velocidad de Europa.
La rentabilidad de algunas líneas posteriores, con poco tráfico, ha sido cuestionada.
PSOE · Felipe González
Cifras de la Comisión Europea sobre cuatro décadas de pertenencia.
Cierre o reducción de capacidad en siderurgia, astilleros y otros sectores en pérdidas, con prejubilaciones y zonas de urgente reindustrialización.
Redujo pérdidas públicas, pero dejó un fuerte paro en comarcas industriales como la ría de Bilbao o Ferrol.
Cifras de comunicados oficiales, del BOE o de las empresas; no prueban por sí solas que la medida causara el cambio. Muchas leyes se aprobaron con apoyo de otros grupos y algunas se modificaron después. Fuera del cálculo de afinidad.
Series comparables descargadas de Eurostat con scripts/fetch-eurostat.mjs; series de la EPA, emigración y comercio exterior actualizadas con scripts/fetch-economy-series.mjs. Las comparaciones muestran tendencias, pero por sí solas no prueban que una ley o un acuerdo haya causado un cambio.